En muchas familias, sospechar que un ser querido atraviesa un problema de adicción —ya sea a sustancias, al juego o al alcohol— genera una situación de incertidumbre, angustia y, en ocasiones, parálisis a la hora de actuar. Antes de intervenir, es fundamental contar con información objetiva y contrastada que confirme la situación real, permita valorar su gravedad y facilite la toma de decisiones más adecuadas para ayudar a la persona afectada.
Nuestro servicio de investigación privada está dirigido a familiares, tutores legales, cónyuges o personas con un interés legítimo y acreditado —como progenitores, hijos mayores de edad preocupados por un padre o madre, o representantes legales— que necesitan esclarecer una situación de este tipo con el objetivo de buscar una solución y no de perjudicar a la persona investigada.
En los casos más graves, cuando la persona afectada no está en condiciones de tomar decisiones por sí misma sobre su propio tratamiento, la familia puede plantearse solicitar un internamiento no voluntario, regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exige en todo caso autorización judicial previa (o ratificación en un plazo de 72 horas si la situación es urgente), así como un informe médico que justifique la necesidad de la medida. Nuestro informe no sustituye a la valoración médica exigida por la ley, pero puede aportar información objetiva sobre hábitos y comportamientos que resulte útil para que la familia y los profesionales sanitarios valoren la situación con más elementos de juicio.
Sí, siempre que exista un interés legítimo (relación familiar directa, responsabilidad legal, o un procedimiento judicial en curso) y la investigación se limite a observar conductas en espacios públicos o de acceso público, sin vulnerar la intimidad domiciliaria de la persona investigada. No se trata de “espiar” con ánimo de control, sino de obtener información objetiva que ayude a la familia a actuar con conocimiento real de la situación.
Depende del objetivo de cada familia. En muchos casos, el informe sirve simplemente para confirmar (o descartar) una sospecha y decidir si es momento de plantear una conversación familiar o buscar ayuda profesional especializada (adicciones, psicología, trabajo social). En los casos más graves, puede aportarse como elemento de apoyo en un procedimiento judicial de modificación de capacidad o de solicitud de internamiento, siempre junto con la valoración médica correspondiente.
Sí. En ese caso, este servicio se enmarca dentro de nuestro apartado específico de control e investigación de menores, donde la legitimación deriva del ejercicio de la patria potestad por parte de los progenitores o tutores legales.
Actuamos con la máxima discreción, profesionalidad y respeto, dentro del marco legal que regula la actividad de los detectives privados, y con el único propósito de aportar claridad a quienes buscan ayudar, no juzgar, a la persona que atraviesa estas dificultades.
¿Te preocupa que un ser querido pueda tener un problema de adicción? Contáctanos con total confidencialidad, o consulta también nuestro servicio de control e investigación de menores si la persona afectada es menor de edad.