Los fraudes económicos —ya sea dentro de una empresa, entre particulares o en el marco de operaciones comerciales— pueden causar importantes perjuicios patrimoniales y de difícil reparación si no se detectan y documentan a tiempo. Apropiación indebida de fondos, facturas falsas, desvío de pagos, estafas comerciales o maniobras contables irregulares son solo algunos ejemplos de conductas que requieren una investigación rigurosa para poder ser acreditadas.
Nuestro servicio de investigación está dirigido a empresas, socios, administradores, particulares o cualquier persona con un interés legítimo y acreditado, con el objetivo de esclarecer estos hechos y reunir pruebas objetivas que permitan actuar por la vía civil, mercantil o penal.
Son dos delitos distintos, aunque a menudo se confunden. La apropiación indebida (art. 253 del Código Penal) se comete cuando alguien se apropia de dinero, efectos o bienes que había recibido en depósito, comisión o custodia, con obligación de devolverlos. La administración desleal (art. 252 del Código Penal) se produce cuando una persona con facultades para administrar un patrimonio ajeno (un socio, un gestor, un apoderado) se excede en el ejercicio de esas facultades y causa un perjuicio al patrimonio administrado, aunque no llegue a “apropiarse” físicamente de nada. Ambas figuras son especialmente relevantes en conflictos entre socios o en empresas familiares, y nuestra investigación puede aportar los indicios patrimoniales necesarios para valorar, junto a un abogado, cuál de ellas encaja mejor en cada caso.
Mediante el análisis de la actividad real de los proveedores facturados (si existen realmente, si prestan el servicio facturado, si están vinculados de algún modo con quien autoriza el pago) combinado, cuando es posible, con verificaciones de campo sobre la actividad de esas sociedades. Esto permite identificar proveedores ficticios utilizados para justificar salidas de dinero injustificadas.
Un testaferro es una persona que figura formalmente como titular de bienes, cargos societarios o cuentas, pero que en realidad actúa por cuenta e interés de otra persona que prefiere no aparecer. Nuestra investigación combina el análisis de registros mercantiles públicos con el trabajo de campo, para identificar indicios de que una determinada persona sigue controlando de facto un patrimonio o una sociedad que formalmente ha transmitido a un tercero.
Nuestros informes son elaborados por detectives privados habilitados por el Ministerio del Interior, y pueden aportarse como prueba documental-testifical, siendo el detective llamado a ratificar el informe si el procedimiento lo requiere. No obstante, en el ámbito penal es recomendable que la investigación se coordine desde el primer momento con un abogado penalista, de cara a valorar la estrategia procesal más adecuada (denuncia, querella, aportación en un procedimiento civil paralelo, etc.).
Actuamos con discreción, rigor y pleno respeto a la legalidad, empleando exclusivamente fuentes y métodos lícitos que garantizan la validez de las pruebas obtenidas ante notarios, abogados o en sede judicial.
¿Sospechas de un fraude económico en tu empresa o en una relación comercial? Contáctanos para valorar tu caso, o consulta también nuestro servicio de competencia desleal.