Conocer con exactitud la situación económica y patrimonial de una persona resulta esencial en numerosas situaciones legales y personales: desde procesos de divorcio o reclamación de pensiones, hasta el cobro de deudas o la valoración de la solvencia real de un deudor antes de emprender acciones judiciales. Sin esta información, muchas reclamaciones legítimas quedan sin efecto por desconocer sobre qué bienes se puede actuar.
Nuestro servicio de investigación patrimonial está dirigido a acreedores, excónyuges, herederos, abogados o cualquier persona con un interés legítimo y acreditado, con el objetivo de conocer la realidad económica de una persona física o jurídica y facilitar la toma de decisiones o el ejercicio de acciones legales fundamentadas.
Este tipo de encargos suele realizarse por fases, estableciendo objetivos concretos en cada una de ellas, ya que la información patrimonial suele obtenerse de forma progresiva combinando distintas fuentes.
El Código Civil y la vía civil ofrecen herramientas para reclamar una deuda, pero cuando una persona oculta o transmite deliberadamente su patrimonio para eludir el pago de obligaciones ya contraídas o que prevé que se le van a reclamar, puede estar incurriendo en el delito de alzamiento de bienes, tipificado en el artículo 257 del Código Penal. Nuestra investigación puede aportar los indicios patrimoniales necesarios para valorar, junto a tu abogado, si concurren los elementos de esta figura.
En un procedimiento de ejecución judicial, el deudor está obligado a declarar sus bienes ante el juzgado mediante la denominada manifestación de bienes, regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, no es infrecuente que esta declaración resulte incompleta o inexacta. Nuestra investigación patrimonial puede servir de contraste independiente frente a lo declarado por el deudor, aportando indicios de bienes no manifestados que el acreedor puede poner en conocimiento del juzgado.
Inmuebles, vehículos, embarcaciones, participaciones en sociedades, cuentas o inversiones a nombre de la persona investigada, así como bienes puestos a nombre de terceros (familiares, testaferros o sociedades interpuestas) cuando existen indicios razonables de que siguen estando bajo el control real de la persona investigada.
No necesariamente. Muchos clientes nos contratan antes de iniciar acciones legales, precisamente para valorar si merece la pena reclamar judicialmente una deuda o pensión: de poco sirve obtener una sentencia favorable si después no existen bienes reales sobre los que ejecutarla. Conocer la solvencia real del deudor de antemano permite tomar esta decisión con criterio.
Actuamos con discreción, rigor y pleno respeto a la legalidad, empleando exclusivamente fuentes y métodos lícitos que garantizan la validez de las pruebas obtenidas ante notarios, abogados o en sede judicial.
¿Necesitas conocer la situación patrimonial real de una persona antes de reclamar una deuda o pensión? Contáctanos, o consulta también nuestro servicio de rentas antiguas.